El Gobierno aprueba un nuevo Decreto ley con medidas para paliar los efectos de la pandemia generada por la Covid-19

• Se fija una moratoria en el pago de los alquileres de todos los inmuebles propiedad de la Generalitat y se amplía de dos a cuatro meses el plazo para depositar las fianzas de los contratos de alquiler en el Incasòl.
• Se concreta que el Departamento de Salud se hará cargo de las residencias y los servicios de los centros para personas mayores y discapacitados físicos e intelectuales mientras dure el estado de alarma y la situación de emergencia sanitaria.
• Se declara la emergencia de las obras de reparación y mejora de la Escuela Virgen del Patrocinio del municipio de Cardona.

El Gobierno ha dado luz verde este martes a un nuevo Decreto Ley que incluye otro paquete de medidas urgentes estructurales y organizativas para paliar los graves efectos de la pandemia producida por la Covid-19, en línea con los aprobados por el Ejecutivo desde el 11 de marzo. En este sentido, la norma acordada hoy complementa alguna de las actuaciones ya adoptadas el pasado 10 de abril con el Decreto ley 12/2020 en cuanto a la asunción de competencias de control de la pandemia por parte del Departamento de Salud a las residencias de ancianos. También incorpora nuevas actuaciones en el ámbito de las entidades del sector público de la Generalitat, y aplazamientos en los plazos de pago de los alquileres de los inmuebles propiedad de la Generalidad y de las fianzas de los contratos de alquiler que se depositarán en el Incasòl.

En materia de salud, el Decreto aprobado hoy concreta en el capítulo 1 cuáles serán los centros de servicios sociales de carácter residencial que hasta el pasado 11 de abril estaban adscritos al Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias y que, ante la actual situación de emergencia sanitaria y mientras dure el estado de alarma y estén vigentes las medidas sanitarias de intervención, pasarán a ser gestionados por el Departamento de Salud. Estos centros son: las residencias-hogar para los ancianos y los servicios que se ofrecen con carácter temporal o permanente, y las residencias-hogar y servicios de centro residencial y temporal o asistida para personas con discapacidad intelectual y discapacidad física. En este sentido, a nivel organizativo, se especifica que las unidades orgánicas y el personal adscrito a estos centros continuarán desarrollando sus funciones bajo las directrices del Departamento de Salud.

El Decreto también prevé que el servicio de inspección y registro y las unidades territoriales correspondientes que actualmente están adscritas al Departamento de Trabajo apoyarán el Departamento de Salud en materia de inspección sanitaria.

El texto aprobado hoy establece que las personas físicas o jurídicas que estén pagando un alquiler, un derecho de superficie, una concesión administrativa o cualquier derecho real por un inmueble propiedad de la Generalidad de Cataluña, puedan solicitar un aplazamiento o una reducción del pago de la renta. Esta medida, que también incluye los inmuebles procedentes de herencias intestadas, será vigente mientras dure el estado de alarma y hasta seis meses después de que finalice. Los solicitantes deberán acreditar una situación económica vulnerable provocada por la crisis del coronavirus, en el caso de los inquilinos de viviendas, o una reducción del volumen de facturación, en otros tipos de arrendamientos. Los inquilinos deberán devolver el importe aplazado durante los 36 meses siguientes y sin intereses.

El decreto también incluye la ampliación del plazo para el depósito de fianzas de los contratos de alquiler de fincas urbanas en el Instituto Catalán del Suelo, Incasòl, de dos a cuatro meses. Así, se propone que hasta el 31 de diciembre de 2020 los arrendadores de fincas urbanas, tanto las destinadas a vivienda como las destinadas a otros usos, deben depositar en el Incasòl la fianza en metálico en el plazo de cuatro meses a contar desde la formalización del contrato.

Los Acuerdos de Gobierno aprobados hoy modifican también el proceso de adjudicación de los inmuebles propiedad del Incasòl. Hasta el 31 de diciembre de 2020, el Instituto adjudicará el inmueble de su propiedad al solicitante que haya presentado la oferta, siempre que cumpla los requisitos del precio de mercado fijado por la Comisión de Valoraciones del ente, así como las condiciones generales de comercialización de sus inmuebles.